21 de noviembre de 2018

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La Plataforma por la Recuperación del Directo

La Plataforma por la Recuperación del Directo ha lanzado una atractiva propuesta para lograr la reapertura de la línea ferroviaria Madrid-Burgos y que Aranda de Duero vuelva a tener tren. Dicha propuesta, presentada al Ayuntamiento de nuestra villa, tiene por fin la elaboración de un estudio sobre los beneficios de la utilización del ferrocarril, tanto en el plano medioambiental como económico y de seguridad. El estudio sería llevado a la Unión Europea, a fin de obtener de ella parte de la financiación necesaria para revitalizar la línea.
Su elaboración requiere una inversión de 18.000 euros, que la Plataforma ha solicitado al Consistorio arandino. Pero los gobernantes municipales no están por la labor de colaborar, pues entienden que en ello deben implicarse todos “los municipios afectados”.
Es aberrante que en las arcas municipales sí haya dinero para que la alcaldesa Raquel González se lleve la paga extra a la que voluntariamente renunció, pero no haya capital para financiar un estudio que podría representar el espaldarazo definitivo para el regreso del tren a la capital ribereña.
 
Retrasos

El Procurador del Común de CyL ha amonestado al Ayuntamiento de Aranda de Duero por la demora de un año y medio que un ciudadano está soportando para recibir contestación a una solicitud de información que envió en diciembre de 2014, cuya respuesta, al día de hoy, todavía no ha recibido.
El ciudadano afectado remitió el asunto al Procurador del Común, el cual, ante la desidia del Consistorio arandino, envió a éste hasta cinco peticiones para atender al mencionado vecino, sin obtener respuesta alguna de los gobernantes municipales.
En su escrito, el Procurador del Común recuerda al Ayuntamiento que las peticiones enviadas por los ciudadanos deben ser acusadas de recibo en un plazo de diez días, y que los retrasos injustificados en la remisión de la información merman los derechos de los ciudadanos. Solicita que se tramite la petición formulada inmediatamente, advirtiendo también de que podría aplicarse la medida de hacer público el nombre de las autoridades, funcionarios u organismos que obstaculicen las funciones del Procurador del Común, y de destacar este hecho en el informe anual a las Cortes de CyL.
 
 

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